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31 de octubre de 2012


Comerciantes bolivianos rechazan ley para confiscar bienes ilegales.

 
 

BOL05. LA PAZ (BOLIVIA), 30/10/2012.- Comerciantes protestan hoy, martes 30 de octubre de 2012, en La Paz (Bolivia), contra un proyecto de ley del Gobierno del presidente Evo Morales para confiscar bienes de personas supuestamente implicadas en contrabando, narcotráfico, corrupción y enriquecimiento ilícito. EFE/Martin Alipaz
BOL05. LA PAZ (BOLIVIA), 30/10/2012.- Comerciantes protestan hoy, martes 30 de octubre de 2012, en La Paz (Bolivia), contra un proyecto de ley del Gobierno del presidente Evo Morales para confiscar bienes de personas supuestamente implicadas en contrabando, narcotráfico, corrupción y enriquecimiento ilícito. EFE/Martin Alipaz 
MARTIN ALIPAZ / EFE

EFE

Miles de comerciantes se manifestaron el martes en Bolivia contra un proyecto de ley del Gobierno del presidente Evo Morales para confiscar con prontitud bienes de supuestos implicados en contrabando, narcotráfico, corrupción y enriquecimiento ilícito.
El dirigente máximo de la Confederación de Gremiales, Francisco Figueroa, declaró que con estas movilizaciones inician la lucha en las calles contra “la ley maldita”, como llaman a la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado que estudia el Parlamento.
Las manifestaciones se vivieron en varias ciudades, entre ellas La Paz (oeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), aunque el Ministerio de Gobierno minimizó las movilizaciones al afirmar que en todo el país los manifestantes no pasaron de 9,000.
Los comerciantes minoristas de esa asociación, que controlan los mercados populosos del país, sostienen en concreto que la norma les perjudicará porque fija un plazo de 5 días para probar el origen legal de un casa o un vehículo de los acusados de contrabando, aunque los legisladores analizan subir ese período a 20 días.
Los comerciantes que trabajan en el sector informal de la economía, que es mayoritario en Bolivia, y cuya mercadería puede ser investigada por contrabando, han pedido no ser incluidos “en la misma bolsa” junto al narcotráfico como, a su juicio, hace la norma.
La ley también permitirá al Estado confiscar un bien si en el mismo la Policía descubre contrabando o drogas pertenecientes a terceros, aunque el Gobierno insiste en que el procedimiento se hará en el marco de una acusación formal y con respaldo judicial.
La investigación será hecha sobre bienes con un valor mayor a $10,000, según el proyecto de ley.
La Confederación de Chóferes encabezó la semana pasada un paro de 24 horas para oponerse también a la norma y ahora analiza convocar a una huelga indefinida porque temen perder sus taxis o autobuses si un pasajero lleva drogas o contrabando.
Morales defendió hoy la normativa durante un discurso en el Palacio de Gobierno con el argumento de que hay casos en los que la Policía y las Fuerzas Armadas decomisan casas y avionetas del narcotráfico, pero los jueces los devuelven después a sus dueños.
Según el mandatario, es posible que “algunas” personas vinculadas con el narcotráfico o el contrabando utilicen a las fuerzas sociales “para defender bienes mal habidos”.
El líder de los sindicatos de chóferes bolivianos, Franklin Duran, rechazó las palabras del gobernante y dijo que si el Parlamento reanuda el análisis de la ley, que está parada hace más de tres semanas, comenzarán su huelga indefinida.
Para el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, la ley es la única forma de golpear a los “magnates de la delincuencia y afectar los narcobienes” para que las bandas no puedan reorganizar sus actividades luego de una posible recuperación de sus bienes.

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